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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Régimen de Recuperación de la Actividad Ovina – Ley Ovina Nacional Nº 25.422

La Ley Ovina Nacional Nº 25.422 fue reglamentada por Decreto Nacional Nº 1031/02 para instituir un mecanismo destinado a lograr la adecuación y modernización de los sistemas productivos ovinos, que permita su perdurabilidad en el paso del tiempo, así como el mantenimiento e incremento consecuente de las fuentes de trabajo y la radicación de la población rural. Su finalidad es lograr que con la explotación de la hacienda ovina se obtenga una producción comerciable (de animales en pie, lana, carne, cuero, leche, grasa, semen, embriones u otro producto derivado), que se realice en cualquier parte del territorio nacional, en tierras y condiciones agroecológicas adecuadas.

En este marco fue creado el Fondo Fiduciario para la Recuperación de la Actividad Ovina (FRAO), el cual se integra con partidas presupuestarias anuales. Así, el Poder Ejecutivo Nacional consignó en su presupuesto que el FRAO dispusiera de $20.000.000 anuales durante 10 años, para la ejecución de sus acciones y la consecución de sus objetivos.

La incorporación de las provincias al Régimen, se realiza mediante un sistema de adhesión provincial descrito en el Art. 22 de la Ley Ovina Nacional Nº 25.422. Por su parte, la provincia de Buenos Aires adhirió mediante la Ley Provincial Nº 12.869 donde se establece que el Ministerio de Asuntos Agrarios será la Autoridad de Aplicación.

Por ello, el Ministerio de Asuntos Agrarios debió constituir su propia Unidad Ejecutora Provincial (UEP), por Decreto Nº 305/2003 y a través de la Resolución Ministerial Nº 594/2003. De esta manera, la UEP es conducida por un Directorio integrado por representantes del Estado provincial, de las entidades representativas de los productores y del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Sus misiones destacadas consisten en:

    a. Definir la política provincial relacionada con la ganadería ovina para su     elevación a la Autoridad de Aplicación y su consecuente integración en     programas regionales y nacionales.
    b. Elaborar y aprobar el programa operativo provincial anual con su     correspondiente presupuesto y posterior balance de resultados, para su     elevación a la Autoridad de Aplicación.
    c. Autorizar la contratación de personal o entidades que presten servicios, la     adquisición de bienes y cualquier otro tipo de gasto, los cuales deberán estar     comprendidos dentro de los presupuestos anuales aprobados por la Autoridad     de Aplicación.
    d. Aprobar en primera instancia las solicitudes de beneficios para su elevación a     la Autoridad de Aplicación como paso previo a su aprobación definitiva.
    e. Designar un Coordinador provincial y controlar su gestión.
    f. Desarrollar las tareas de manejo financiero y contable que requiera el     administrador fiduciario.
    g. Supervisar y controlar el cumplimiento de los planes de trabajo y proyectos     de inversión.
    h. Aplicar las sanciones que correspondan a los infractores del Régimen.

Las UEPs reciben todas las instrucciones –incluso las atinentes a manejos contables y financieros– del FRAO, de la Coordinación Nacional y principalmente de la Comisión Asesora Técnica (CAT), organismo soberano asambleario que integra y tiene asiento en la sede del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Nacional. Además, deben sujetarse estrictamente al cumplimiento de sus propios POAs (Plan Operativo Anual) y POTs (Plan Operativo Trimestral), luego de ser aprobados por el FRAO, tal como se establece en el Art. 22 de la Ley Nacional Nº 25.422.

Los capitales destinados a su ejecución son FONDOS NACIONALES, que básicamente provienen de partidas anuales presupuestarias del Tesoro Nacional. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, firmó un contrato con el Banco de la Nación Argentina, para que éste se desempeñe como agente fiduciario del FRAO. Los fondos, las cuentas y las contrataciones realizadas por las UEPs, son auditados por la SIGEN y por el FRAO. De realizarse desvíos de fondos, existen penalidades que están detalladas explícitamente. Las sanciones establecidas en los Art. 23 de la Ley Nacional Nº 25.422, Art. 23 del Decreto Reglamentario y Cap. VIII del Manual Operativo, serán sustanciadas mediante un mecanismo sumarial, en forma gradual y acumulativa. Todos los actores del Régimen están sujetos a este mecanismo. Igualmente, las sanciones establecidas en la Ley Nacional podrán fijarse por objetivos incumplidos en los POAs, POTs, falseamiento de datos, omisión de supervisión técnica de los proyectos, demora o pérdida de expedientes, etcétera.

Beneficios de la normativa provincial

A través de la Ley Provincial Nº 12.869, la provincia de Buenos Aires adhiere a la Ley Nacional Nº 25.422 para la Recuperación de la Ganadería Ovina, e instituye además los siguientes beneficios:

    a. Exención del impuesto de sellos por tres años, luego ampliables con alícuota     progresiva a través del Poder Ejecutivo.
    b. Exención del impuesto de ingresos brutos por tres años,luego ampliables con     alícuota progresiva a través del Poder Ejecutivo.
    c. Exención de pago por cinco (5) años, del cobro de la tasa de faena y las     guías u otro instrumento que grave la libre circulación de la producción     obtenida en los planes de trabajo o proyectos de inversión.